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Advierte que la estrategia del gobierno de Nicolás Maduro es cada vez más represiva, en vistas de las próximas elecciones presidenciales
El director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, quiere como tantos venezolanos que el país salga adelante. Mientras el chavismo piensa en su supervivencia, hay una mayoría que indica en las encuestas su voluntad de cambio para las elecciones del 28 de julio.
Lo que ve en cambio es una regresión, comenzando por los derechos humanos, su especialidad, en un marco de represión en la que el chavismo siempre se supera. Más todavía en un año electoral cuando por primera vez en mucho tiempo el gobierno de Nicolás Maduro ve de cerca la puerta de salida. Y quiere dejarla cerrada. Para siempre, si es posible.
De visita en Buenos Aires, Gómez relató a La Nación el cambiante e ingenioso sistema represivo que el chavismo, forzado por las circunstancias, elevó todavía a un nivel, a su manera, superlativo.
“Quiere mostrar que es capaz de mantener el poder como sea”, dijo el venezolano sobre una de las acciones más aberrantes atribuidas al chavismo, el asesinato en Chile del militar disidente Ronald Ojeda, pero aplicable a todo el sistema.
—¿Cómo ve a Venezuela en esta recta final electoral, desde el punto de vista de los derechos humanos?
—Bueno, lo que nos compete a nosotros es la sociedad civil, el ciudadano que se relaciona con el poder y los que aspiran a ser parte del poder, y en ese sentido una señal muy negativa que se ha registrado es el ataque hacia las organizaciones de esa sociedad civil. Ha habido detenciones por el chavismo de activistas relevantes, expulsiones, y se está por sancionar dos nuevas leyes que son otras dos formas de limitar a las organizaciones y las voces críticas.
—¿Y por el lado del costo de vida, de la economía?
—En lo económico, por el alivio que había dado Estados Unidos hace dos años a las sanciones económicas, el país pareció tener una especie de boom económico. Empezaron a haber carros de lujo, unas construcciones increíbles, restaurantes. Pero el boom pasó, el gasto público está detenido completamente desde el año pasado, y eso hace que lleguemos con gente muy empobrecida. Se disparó la vocación de salida del venezolano al extranjero. El asunto es la falta de perspectiva, no hay ninguna seguridad de que vas a poder comer. En otras palabras, hay hambre. Estamos en los primeros números de estadísticas de migrantes que van caminando hacia Estados Unidos vía Colombia, Panamá, y la peligrosa selva del Darién.
—Están los que se van por hambre y también los perseguidos políticos. Pero ahora tampoco están a salvo. ¿Qué hay detrás del asesinato del militar exiliado en Chile?
—Eso tiene que ver con una de nuestras grandes preocupaciones, que es la desprotección del ciudadano de la tortura, las confesiones forzadas. Se está deteniendo a personas que pasan por períodos largos de encierro, sin derecho a un juicio justo, sin abogado propio, sin acompañamiento, donde son torturadas, y de repente aparecen confesando que hicieron una serie de cosas y además involucran a otros. El nombre del militar sale de esas confesiones televisadas. Y es justo lo que hacen con los dirigentes opositores que están refugiados en la embajada argentina en Caracas. O sea, gente que después de estar detenida en aislamiento sale confesando en televisión algo que presenta la Fiscalía, diciendo que esos dirigentes eran parte de una conspiración que quería matar a Maduro.
—Total que unos venezolanos armados actuaron impunemente en Chile. ¿Eso de actuar afuera del país es algo nuevo?
—Los tentáculos no habían llegado tan lejos. Hasta ahora lo que se había visto eran capturas, sobre todo la guerrilla colombiana capturaba a gente en Colombia y se le entregaba al gobierno. Aunque también hubo presencia de saboteadores, de gente que se te aparece en otro país. Pasó en México, que estás en un evento y se te aparece alguien que se identifica como funcionario del gobierno y te echa una amenaza. Pero no había habido una acción como esta, de llegar a la tortura y la muerte de un perseguido político.
—¿Eso es algún tipo de señal? ¿Y en ese caso sería una señal hacia adentro, hacia afuera, hacia quién?
-Es una señal hacia adentro, o sea, una señal definitiva, de que te voy a perseguir hasta donde sea que te encuentres. Creo que el mensaje es que hay otras reglas del juego, que soy capaz de mantener el poder como sea.
—Volviendo al tema de los refugiados en la embajada argentina, ¿qué cree que puede pasar?
—Definitivamente no quieren darles el salvoconducto, y pues no hay forma, no se pueden subir a un auto y llegar a un aeropuerto sin salvoconducto. Lo bueno es que después de la reacción global contra lo sucedido en la embajada mexicana en Ecuador no creo que hagan algo así en Caracas. Yo descarto cualquier tipo de acción de fuerza. Pero en un momento era una de las tensiones que había, que hasta dónde van a llegar con la represión a estas personas que están ahí tratando de conseguir refugio. Nosotros apoyamos al máximo ese gesto de darles el asilo.
—La oposición viene sorteando trabas. ¿Cómo se las arregla?
-La oposición ha estado atenta desde el principio a cualquier cambio y se movió de manera muy táctica, manteniendo la duda y haciendo anuncios y designaciones de última hora. Saben que están enfrentando a un gobierno autoritario y cada cosa que hagan va a tener que ser dentro de un lapso concreto, para evitar la siguiente movida del otro lado. Y todos tienen claro que puede haber todavía más novedades de acá al 28 de julio, nuevas inhabilitaciones y demás.
—¿A qué más puede recurrir el gobierno?
—Pues son varios los temas que se juntan. Tú ves que existe un patrón represivo del chavismo que se está armando y dices, ¿hasta dónde llega? Cualquiera que sea opositor, para llegar a la presidencia va a enfrentar ese tipo de lógica, que puede involucrarlo con cualquier cosa. Puede aparecer tranquilamente algún nuevo torturado denunciando al candidato. Y hay más. Se creó todo un laberinto en el conflicto con Guyana por la región del Esequibo. El gobierno trató de aprovecharse del sentimiento de los venezolanos y está la probabilidad de una escaramuza que distraiga a la opinión pública. Eso podría suspender las elecciones. Hay todo un tablero de cosas.
Casi tres años después se concretó la instalación de una oficina en Caracas de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), paso considerado único pero que no interfiere en la investigación en curso por crímenes de lesa humanidad.
En 2021, el gobierno de Maduro y el fiscal de la CPI, Karim Khan, firmaron un memorándum de entendimiento en el que ambas partes se comprometían para avanzar en la instalación de esa sede.
«Después de esta reunión estaré abriendo una oficina en Venezuela. No es una oficina secreta, no trabajo ilegalmente ni clandestinamente. En términos de estas decisiones, estamos abriendo una oficina por el apoyo y acuerdo con Venezuela», dijo Khan este lunes en el Parlamento venezolano en reunión con el fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Esta oficina, de la que no se sabe la fecha de inauguración, será de asistencia técnica para las instituciones de justicia del Estado, mas no para recibir denuncias ni atención a las víctimas. Para eso sigue la investigación en La Haya por el caso Venezuela I.
Es la primera vez que una sede de este tipo se instala en un país. No es una oficina de la Corte, es netamente de la Fiscalía.
Por ejemplo, en la República Centroafricana hubo oficinas instaladas pero de la Corte, no de la Fiscalía, por lo que sería prematuro hablar específicamente del funcionamiento, primero porque ni el fiscal Khan ni el gobierno venezolano han presentado detalles, algo que fue criticado en Venezuela.
“La oficina no viene a investigar solo viene a dar capacitación técnica, asesoría en temas legislativos, mejores prácticas”, explica a EL TIEMPO, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.
Daniels lamenta la “la ausencia de una política comunicacional por parte de la Fiscalía durante su visita a Caracas” debido a que no se conocieron los detalles del proceso de la oficina.
“Pedimos a la CPI que tenga una política de comunicación más abierta, transparente. La ausencia de información afecta la imagen de la Fiscalía, aunque estamos convencidos de su transparencia”, manifestó Daniels.
El 27 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó al fiscal Karim Khan a reanudar las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Venezuela, específicamente durante las manifestaciones de 2017.
El caso Venezuela I señala al Estado de la muerte de varias personas, además de tratos crueles e inhumanos que incluyen torturas de índole sexual, durante las protestas contra Maduro.
La CPI reconoce que si bien el país ha tomado “algunas medidas de investigación», considera que «sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación” total.
«Creo que hay unidad en una verdad central: que las oscuras nubes de sospecha sobre las acusaciones no se disiparán sin la suave brisa o los vientos de investigaciones creíbles», apuntó Khan.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, le dijo a Khan que el país ha tenido «grandes avances» en derechos humanos. Desde 2017, aseguró, 2.795 funcionarios de seguridad del Estado han sido acusados por violaciones de derechos humanos.
De estos, 1.021 agentes «se encuentran presos», 580 han sido condenados y otros 524 tienen órdenes de aprehensión, detalló Saab.
Saúl Hernández Bolívar PANAM POST 
A trompicones gobierna el hampón Petro. Hace más de seis meses que expertos le han venido aconsejando que implemente campañas de ahorro de agua y electricidad, pero apenas ha venido a acordarse ahora que estamos al borde del racionamiento improvisando un día cívico que tenía más cara de celebrar su cumpleaños, conmemorar el criminal surgimiento de la pandilla terrorista M-19 y sabotear las marchas de protesta en su contra de ayer 21 de abril.
El hampón Petro trata de huir hacia adelante porque se le viene el mundo encima. El menospreciado Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza por fin en sus pesquisas sobre la financiación ilegal de la campaña petrista, y hay tantos hallazgos anormales que tanto el abogado de Petro como el del gerente de su campaña, Ricardo Roa, renunciaron para alargar y enrarecer el proceso. Sin embargo, pronto podría haber una acusación formal.
Es que por todas partes aparecen irregularidades que están siendo investigadas por el CNE, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Por ejemplo, el aporte de Fecode a la campaña por 500 millones que no se registró en la contabilidad, los 600 millones de la Unión Sindical Obrera que tampoco se registraron, un enorme monto superior a los 2000 millones con el que se le pagaron 60000 pesos a cada uno de los 35000 testigos electorales del Pacto Histórico que no aparece en los registros de campaña, los 15000 millones que el nefasto Benedetti asegura haber conseguido y los dineros turbios que manejó el hijo de Petro, provenientes del ‘Hombre Marlboro’ y del ‘Turco’ Hilsaca. Y hay más.
Ahora, incluso, viene a saberse que Ricardo Roa gestionó con la compañía de aviación Sadi, de Ibagué, la compra de un avión por un millón de dólares para movilizar al candidato, con recursos de origen ilícito que tampoco fueron registrados. En campaña, Petro se movilizó en el avión del contratista Euclides Torres, igualmente en un avioneta vinculada al narcotráfico, en la aeronave del también contratista Pedro Contecha y en naves de la empresa Searca. Esos vuelos gratuitos han sido pagados hoy con megalicitaciones fraudulentas. Pero, así mismo, hiede el nuevo escándalo según el cual habrían entrado dineros ilícitos a la campaña por los aportes de la captadora ilegal Daily Cop, que invierte en criptomonedas, tal vez para la adquisición del avión.
No tiene Petro buenas noticias por estos días. Las marchas multitudinarias de ayer muestran un rechazo contundente a su gobierno putrefacto, a su mala fe disfrazada de ineptitud y a sus impulsos de dictadorcito de pueblo. Es que si algo ha ofendido y alarmado a los colombianos es su tentativa de dar un golpe de Estado saltándose las normas para convocar una constituyente, queriéndolo hacer mediante ocurrencias aparentemente ingeniosas, citando siempre conceptos como justicia social, pueblo, soberanía popular, constituyente primario y similares.
Ya estamos muy grandecitos para dejarnos meter el cuento de que la Constitución se puede reformar de cualquier manera, que las formas no importan y que lo esencial es el contenido, que Petro puede desarrollar un ‘proceso constituyente’ a su manera porque es un mandato del pueblo, proferido cuando al elegirlo pidió el ‘cambio’.
No señor, este sujeto no puede ir haciendo lo que se le venga en gana con la Constitución y la ley amparado en audaces interpretaciones filosóficas y políticas que tergiversan la realidad y engañan la confianza de los colombianos que por querer un país más justo lo que podrían obtener es el advenimiento de una feroz dictadura comunista que va a acabar con nuestras libertades, nuestras esperanzas y nuestros sueños de progreso.
¡No más Petro! Los colombianos debemos responsabilizarnos del momento histórico que nos correspondió y evitar por todos los medios que este sujeto se salga con la suya. Este sucio individuo debe pagar los daños que está haciendo.
